En su barrio comienzan a aparecer anuncios sobre trabajo en España con las promesas de siempre: mejores ingresos y estabilidad temporal. La información que circula es parcial y se centra principalmente en los aspectos positivos.
Fátima, durante varios días, reflexiona sobre la decisión de migrar temporalmente y sopesa tanto los beneficios como las implicaciones de ausentarse durante un tiempo. Esa noche, mientras cena con su familia, no puede dejar de pensar en ello.
¿Qué decide hacer?
Una cooperativa de economía solidaria es una empresa donde lo más importante son las personas y la comunidad y no ganar dinero para unos pocos. Sus integrantes trabajan juntos y juntas, toman decisiones de forma democrática y se ayudan entre sí. Estas cooperativas buscan crear empleo digno, cuidar el medio ambiente y mejorar la sociedad. Los beneficios que obtienen se reinvierten para ayudar a sus componentes o a la comunidad, fomentando la cooperación, la igualdad y la solidaridad en lugar de la competencia.
Las tierras comunitarias son áreas de propiedad colectiva (pertenecen al núcleo de población en conjunto, no a individuos) inalienables e inembargables, gestionadas por comunidades indígenas o campesinas para su sustento, pastoreo, agricultura o conservación. Se rigen por normas tradicionales y asambleas, cubriendo una gran parte de la biodiversidad mundial y protegiendo los modos de vida locales.
El extractivismo es un modelo económico que se basa en extraer muchos recursos naturales de la naturaleza, como minerales, petróleo o grandes cultivos agrícolas. Este modelo suele causar daños al medio ambiente, contaminación, destrucción de ecosistemas y problemas sociales, como el desplazamiento de comunidades o trabajos precarios. Además, hace que los países dependan mucho de esas exportaciones y que los mayores beneficios se los lleven grandes empresas internacionales y no la población local.
La memoria ancestral es todo lo que una comunidad recibe de sus antepasados: conocimientos, historias, valores, tradiciones y formas de relacionarse con la tierra y la naturaleza. Se transmite de generación en generación, a través de la familia, el trabajo colectivo y la cultura.
Está muy unida al territorio, a actividades como el cultivo, la artesanía o la organización comunitaria, y es clave para la identidad de un pueblo. La memoria ancestral no solo recuerda el pasado, sino que da sentido al presente y ayuda a cuidar la vida y la comunidad.
Las cadenas globales de cuidados son redes transnacionales donde mujeres migrantes de países del Sur global se trasladan al Norte para asumir tareas de cuidado y hogar, transfiriendo el cuidado de sus propios hijos e hijas a otras mujeres en sus países de origen. Este fenómeno, fruto de la división internacional del trabajo reproductivo, invisibiliza a menudo el trabajo precario y emocionalmente exigente de estas mujeres.
El racismo es una forma de discriminación basada en la idea de que existen “razas” superiores e inferiores, aunque en realidad las razas son una construcción social, no biológica. Es decir, es la sociedad la que ha creado esas diferencias para justificar desigualdades.
Una persona racializada, en cambio, es alguien a quien la sociedad sitúa en esa categoría por su aspecto u origen, lo que puede hacerla más vulnerable al racismo. Entender esto es importante porque nos ayuda a ver que el racismo no es algo natural, sino algo que las personas han creado… y que también pueden cambiar.
Defender los derechos no consiste únicamente en alzar la voz en público, también implica atender a las emociones, descansar y cuidar el propio bienestar. El autocuidado y la identidad no son una debilidad, sino una forma de resistencia que ayuda a sostener la lucha con fuerza y sentido.
La regularización es el proceso mediante el cual una persona migrante consigue una situación reconocida en un país, con el objetivo de garantizar sus derechos y ofrecerle estabilidad. Este proceso reconoce y dignifica a quienes ya forman parte de la sociedad, permitiéndoles acceder a permisos de residencia y trabajo cuando se encuentran en situación administrativa irregular.
Regularizar no es “dar privilegios”, sino reconocer derechos y reducir situaciones de vulnerabilidad, favoreciendo una convivencia más justa e inclusiva.
El acompañamiento psicológico ofrece un espacio de escucha, cuidado y apoyo emocional para afrontar experiencias difíciles. En situaciones marcadas por la migración, el desarraigo, la precariedad o el racismo, es fundamental para fortalecer la autoestima, recuperar la sensación de seguridad y transformar el miedo y la soledad en herramientas para seguir adelante.
Permite comprender que muchas de estas heridas no son solo individuales, sino también sociales y estructurales, favoreciendo la creación de redes, la confianza y la capacidad de acción colectiva.
El bullying es una forma de violencia que puede ser física, verbal, emocional o digital, que se repite en el tiempo. Se manifiesta como un comportamiento no deseado que causa daño físico, psicológico o social. Se caracteriza por la intimidación, el hostigamiento y puede ocurrir de forma presencial o en línea, involucrando actos como burlas, insultos, amenazas, exclusión y agresión física.
El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género. No es un hecho aislado, sino la máxima expresión de un continuo de violencia (física, psicológica, económica y sexual) que se sostiene sobre una ideología machista y patriarcal.
Ocurre cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer, por motivos de odio, desprecio o control, o por creencias que la consideran inferior o propiedad de alguien. De ahí la importancia de la coeducación como herramienta preventiva fundamental para erradicar la desigualdad estructural que está en la base de estos asesinatos.
Silvia Agüero Fernández es una escritora feminista gitana que recupera la memoria de la opresión del pueblo gitano. https://www.pikaramagazine.com/author/s/
Según la definición de la Organización de Naciones Unidas, basada en el artículo 1 de la Declaración sobre Defensores, una persona defensora de derechos humanos es aquella que, de forma individual o colectiva, trabaja o busca trabajar por la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya sea en el ámbito local, nacional, regional o internacional.
Una promotora de igualdad es una persona que trabaja para prevenir las desigualdades y promover los derechos, la participación y el trato justo entre las personas, especialmente en contextos donde existen situaciones de discriminación o exclusión.
Discriminación o trato desigual por razón de género o sexo.
Rechazo, miedo o discriminación hacia personas extranjeras o de otros orígenes.
Discriminación basada en la clase social o la situación económica de una persona.
Las redes de apoyo son importantes porque nos recuerdan que nadie debería afrontar los problemas en soledad. A través de la escucha, el cuidado, la información o la ayuda práctica, permiten generar confianza, protección y sentido de pertenencia. También ayudan a transformar situaciones de vulnerabilidad en procesos colectivos de acompañamiento, organización y cambio.
El desarrollo social y económico no significa solo que un país tenga más dinero.
Durante mucho tiempo se creyó que, si un país aumentaba su riqueza y producía más, todas las personas vivirían mejor automáticamente. Sin embargo, eso no siempre ocurre. En muchos casos, la riqueza queda concentrada en unos pocos, mientras jóvenes, mujeres, comunidades indígenas o personas de zonas rurales siguen teniendo menos oportunidades.
Un ejemplo sería construir un estadio moderno en una ciudad, pero con entradas tan caras que la gente del barrio no pueda acceder. Hay desarrollo porque el estadio existe, pero sus beneficios no llegan a todas las personas.
Por eso, hablar de desarrollo también implica preguntarse quién se beneficia realmente, quién queda fuera y cómo lograr que el progreso mejore la vida de toda la sociedad, y no solo la de una minoría.
La protección internacional sirve para ayudar a personas que han tenido que huir de su país por guerras, violencia, persecución o situaciones donde su vida corre peligro. Incluye el derecho de asilo y otras formas de protección para evitar que sean obligadas a regresar a un lugar inseguro.
Las personas que la solicitan tienen derecho a asistencia legal, atención sanitaria, intérprete y, después de un tiempo, permiso para trabajar mientras esperan la resolución de su caso.
Las remesas son el dinero que una persona que vive y trabaja en otro país envía a su familia o personas cercanas en su lugar de origen.
Por ejemplo, alguien que emigró para buscar trabajo puede mandar parte de su sueldo cada mes para ayudar a pagar alimentos, alquiler, estudios, medicinas o gastos del hogar de su familia.
Para muchas familias, las remesas son una ayuda fundamental para cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
Muchas trabajadoras contratadas en origen dependen del empleo no solo para obtener ingresos, sino también para mantener el alojamiento y su estabilidad durante la campaña.
En los programas de migración temporal circular, la autorización de residencia y trabajo suele estar vinculada a una campaña concreta y al compromiso de retorno, lo que hace que muchas mujeres continúen trabajando incluso en situaciones de enfermedad o agotamiento.
Toda esta situación aumenta el riesgo de exclusión social, precariedad laboral y dificultades para acceder a atención sanitaria, apoyo legal o condiciones de vida estables.
Estar en situación administrativa irregular y no tener un contrato de trabajo estable en España puede generar una situación de gran vulnerabilidad.
La falta de un contrato formal también hace más frecuentes situaciones de explotación laboral, como jornadas excesivas, salarios por debajo de lo establecido por la ley o ausencia de medidas de seguridad. Muchas personas no denuncian estas condiciones por miedo a perder el empleo, sufrir represalias o enfrentarse a un proceso de expulsión.
Las condiciones laborales de las temporeras agrícolas, especialmente en sectores como la fresa, suelen caracterizarse por una alta precariedad: jornadas extensas, salarios bajos (aprox. 6€/hora en campañas de fresa), y exposición a riesgos físicos y ambientales; alojamiento inadecuado y dependencia de la renovación de contratos.
